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El grave problema de la morosidad

Antoni Cañete El informe de la PMcM «Morosidad 2018» analiza los plazos medios de pago.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha lanzado una llamada de atención dirigida a todo el arco parlamentario para que incluyan en sus programas electorales la aprobación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.

Así lo ha solicitado Antoni Cañete, presidente de la PMcM, con motivo de la presentación, el pasado 25 de febrero, de los reveladores datos que vierten tanto su Informe de Plazos Medios de Pago 2018 como las cifras ofrecidas por la Central de Balances del Banco de España. “Con estos datos en la mano, la lucha contra la morosidad debe ser una absoluta prioridad para el Gobierno que llegue al poder tras las elecciones generales del 28 de abril”, asegura. “Lamentamos que antes de que finalizara esta legislatura no se haya aprobado la ley, debido a la presión de algunos sectores económicos y políticos, que prevé sanciones a los morosos, porque provocará que nuestras pymes y autónomos tengan que seguir padeciendo insostenibles plazos para cobrar sus facturas. Un Real Decreto Ley sería la única oportunidad para frenar esta situación”.

Precisamente Cañete ha manifestado que “sería recomendable que las pymes y autónomos valoraran positivamente en su intención de voto a los partidos políticos que se comprometan en sus programas electorales a poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad”.

Análisis datos ofrecidos por el CBBE
El presidente de la PMcM ha recordado que la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad obliga a las empresas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores en sus cuentas anuales. Pero, tras un análisis comparativo de estas cifras contrastándolas con los datos de PMP recogidos por la CBBE relativos al mismo periodo anual (2017), la PMcM ha detectado “un desfase entre el plazo en el que las empresas dicen que pagan y en el que realmente lo hacen”.

Mientras que la CBBE –que ahora integra las cifras de los Registros Mercantiles y de la CNMV– asegura que el 56,5% de las empresas paga dentro del plazo legal, los datos declarados por las propias compañías lo elevan al 77,6%. En una lectura inversa, la CBBE cifra en un 43,5% las empresas que pagan sobrepasando el plazo máximo legal, mientras que los balances de estas reducen el porcentaje a un 22,4%.

SEGÚN EL NUEVO INFORME DE LA PMCM, EL PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EN 2018 AUMENTÓ EN EL SECTOR PÚBLICO EN 3 DÍAS Y EN EL SECTOR PRIVADO EN 4, ALCANZANDO LOS 68 Y LOS 81 DÍAS RESPECTIVAMENTE, ESTANDO LEJOS EN AMBOS CASOS DE LOS 30 Y 60 DÍAS QUE ESTABLECE LA LEY.

Cañete achaca esta distorsión, “entre otras causas que deberían investigarse con detenimiento, a la fórmula que se utiliza en los balances presentados por las propias compañías para calcular el PMP, porque en ella no se considera al confirming como deuda comercial pendiente de pago”.

En su opinión, este desfase entre los datos de ambas instituciones “podría corregirse, en cierta manera, si el ICAC incluyera en su método de cálculo la fórmula clásica de contabilización de facturas, que tendría en cuenta todas las que están pendientes de pago (incluidos los confirming), ofreciendo así un resultado más aproximado al real”.

Informe Morosidad 2018 de PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presentó su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 3 días (un 4,6%) –pasando de 65 a 68–, y en el sector privado sumó 4 días más (un 5,2%) –ascendiendo de 77 a 81 días–, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente.

“Es por ello que reivindicamos que con la llegada del nuevo Gobierno se agilice en el Congreso la tramitación de la ley que posibilitará la implementación del régimen sancionador”, urge el presidente de la PMcM.

En este sentido, casi la totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador. Para Cañete, con este sistema de multas “se reduciría notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas rea lizadas a organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 63% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 64% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de nueve años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”.

Como novedad este año, el Informe sobre Morosidad 2018 de la PMcM ha analizado la tipología de las empresas morosas. El 59% de los encuestados asegura que el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). Además, cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 39% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), esto es, solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. De acuerdo con el citado informe sobre morosidad de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 2,9%, lo que significó un ligero aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017.

Bloqueo de la ley en el Congreso
Hace ya casi dos años que el Pleno de la Cámara aprobó por unanimidad la tramitación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Sin embargo, la normativa no ha terminado de salir adelante porque “ha habido ciertos intereses y presiones de las grandes superficies que han influido en el Psoe y el Partido Popular y han hecho que incluso a través de alguna transaccional se plantee volver al pacto entre las partes, con todo lo negativo que esto conllevaría”, explica Cañete.

“Las pymes y autónomos no pueden ni deben esperar a un nuevo trámite parlamentario, que en el mejor de los casos puede durar más de un año. El Gobierno tiene la última oportunidad para dejar clara su postura frente a la morosidad, aprobando un Real Decreto donde demuestre su compromiso con este tema, lo que siempre ha manifestado y ha llevado en su programa electoral y en los diferentes pactos de Gobierno que ha realizado”, solicita el presidente de la PMcM.

Antoni Cañete también ha insistido en que, en caso de que no se haga el Real Decreto que se reclama, entonces en la nueva legislatura se tiene que poner de inmediato en marcha la ley, porque traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”, añade.

“Creemos que se tramitará de forma rápida porque no partimos de cero, sino que el trabajo está hecho prácticamente en un 80%, ante lo cual estamos agradecidos, aunque bien es cierto que no se haya podido materializar finalmente. Sin duda, si seguimos trabajando así conseguiremos que sea una realidad en los primeros meses de mandato”, sentencia Cañete.

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