Las empresas esperan un cambio político en julio para hacer más favorable la inversión en España

El mundo de la empresa y los inversores con intereses en España observan con expectación e incluso con expectativas la posibilidad de un cambio político a partir del próximo 23 de julio. Tras un lustro de Gobierno socialista, y sobre todo después de un trienio largo de Gobierno de coalición, lastrado por la presencia podemita que ha endurecido tanto el discurso como las políticas sobre las empresas, los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo y la precipitada convocatoria de elecciones generales anticipadas ha generado una corriente de confianza de que se abra una nueva etapa en España más amigable para la inversión. «Es lógico que las empresas deseen un cambio. Venimos de una etapa en que se ha atacado a los empresarios y muchas veces se ha legislado contra la actividad económica», explican desde uno de los principales 'lobbys' empresariales del país, declaraciones que hemos rescatado de la prensa diaria para estos apuntes sobre la actualidad constructora. A las puertas de unas generales que se anticipan reñidas nadie quiere expresar en público sus deseos sobre el futuro, pero a tenor de las declaraciones del mundo empresarial y de la inversión la conclusión es evidente: el mundo del dinero desea un cambio político.

Una expectativa que, sin embargo, no les ha hecho cambiar el paso. Desde fuentes empresariales trasladan que no les consta que ninguna empresa haya paralizado sus proyectos de inversión o alterado sus planes estratégicos a la espera de lo que pueda ocurrir el 23J. “Los planes de las empresas, particularmente de las grandes, no suelen depender del ciclo político y menos aún en un contexto que se ha generado en un espacio de tiempo tan corto”.

Fuentes del ámbito de la asesoría empresarial de grandes inversores señalan una excepción: el sector inmobiliario. La Ley de Vivienda había generado inquietud entre los inversores con intereses en el inmobiliario español, por todo aquello de los topes al alquiler o las penalizaciones a grandes tenedores, aunque se sabía que su aplicación dependía de las administraciones autonómicas. En ese segmento sí se está especialmente pendiente de lo que ocurra el 23 de julio porque puede afectar de forma directa a las inversiones ya existentes y también a las previstas en el sector inmobiliario. El Partido Popular, además, se ha encargado de azuzar esa expectativa con su compromiso de derogar la Ley de Vivienda aprobada si llega al Gobierno.

Mayor seguridad jurídica

En general, existe la esperanza de que haya una nueva etapa de mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, señalan los asesores fiscales, acostumbrados a tratar con grandes empresas e inversores extranjeros. Argumentan que lo que más ahuyenta a los inversores no son las subidas de impuestos o el endurecimiento de las leyes sino la sensación de que te pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento, e incluso con efecto retroactivo. Los fiscalistas subrayan el deterioro de la confianza en España que ha generado el modo de aprobar los últimos impuestos sobre la banca, las energéticas y las grandes fortunas, saltándose el procedimiento habitual y en el caso del “gravamen a los ricos” sin dar la posibilidad a los contribuyentes de decidir si quieren pagarlo o no, al plantearlo cuando los ciudadanos que habían residido en España en la primera mitad del año ya habían adquirido la condición de contribuyentes.

Algunos expertos en canalización de inversiones financieras reiteran la idea de que, en términos generales, el factor electoral no determina de por sí la estrategia de inversión. Apuntan a que el apetito para apostar por ciertos negocios puede verse afectado en todo caso por el contenido de las leyes que se puedan aprobar.

LOS EXPERTOS SEÑALAN QUE LAS RESTRICCIONES DE LA LEY DE VIVIENDA AHUYENTAN Y RETIENEN ALGUNAS OPERACIONES. Y LO QUE MÁS AHUYENTA A LOS INVERSORES ES EL CAMBIO DE LAS REGLAS DE JUEGO.

Protección comunitaria

La intensidad legislativa de los dos últimos años sí ha mermado la moral inversor con leyes restrictivas y el intervencionismo estatal, que sí establece límites para el desarrollo económico. Es la “hiperfiscalidad” que impregna buena parte de las decisiones políticas lo que paraliza inversiones. Del mismo modo, parece cada vez más claro que el ciclo económico dejó hace tiempo de mirar hacia la trifulca política. Los expertos en inversión alternativa señalan en este punto cómo la realidad de los mercados parece rodar en paralelo a la coyuntura de la economía de “a pie”. Mientras que los índices bursátiles marcan un camino alcista que se nutre principalmente de los resultados de las grandes compañías en el plano de la economía micro, las pymes y familias ya bregan con el golpe de la inflación y de las subidas de tipos de interés, mermando su capacidad de financiación.

Aquí aparece la Unión Europea como guardián de las esencias. Si bien los desmanes de la política nacional pueden afectar en cierta medida a las inversiones, el paraguas de la regulación comunitaria permite un cierto halo de seguridad que evita fuertes fluctuaciones en los volúmenes de operaciones.