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Actualidad

17 Abril 2023

Estudio de los plazos de pago

Medios de PagoLa PMcM exige la implantación de la Ley Crea y Crece al constatar que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha detectado un aumento de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, según se desprende de la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022”. A tenor del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en esta subida ha podido “influir que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó”.

Para este 2023, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan de pago a proveedores de entidades locales por importe total máximo de 1076,4 millones de euros. Este hecho corrobora la situación que viene denunciando la PMcM sobre que las AA.PP. no están cumpliendo los plazos de pago. La PMcM lamenta que, una vez más, este mecanismo imponga que los proveedores tengan que renunciar a cobrar los intereses de demora, una cuestión que la PMcM espera que se corrija al ser “injusta”. Se trata de una iniciativa que, aunque pretende paliar una parte del problema, “no es suficiente: hay que erradicar esta lacra desde la raíz, exigiendo a las AA.PP. que cumplan la legislación y ejecutando los mecanismos que están disponibles para su consecución”, sentencia.

Atendiendo al informe, elaborado a partir de unas 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 6 días, pasando de 61 a 67 días, un registro superior al doble del plazo legal permitido, que está fijado en un máximo de 30 días para las AA.PP. Para el presidente de PMcM, es “pernicioso” que se hayan asemejado los plazos de pago del sector público y privado, cuando las AA.PP. deberían dar ejemplo y además su plazo máximo es la mitad que el del sector privado”.

A esto se suma el “escollo” que supone que la cadena de pagos en el sector público esté “mal controlada” y, por tanto, que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos). “No se está haciendo el control de pagos de los principales contratistas a subcontratistas”.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ES LA QUE MÁS TARDA EN PAGAR Y LA SEGUNDA PEOR PAGADORA ES LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Según el análisis “Estrategia nacional de contratación pública 2023-2026”, elaborado por la Oficina de Contratación Pública y aprobado por Oriescon, no existe información suficiente sobre el grado de cumplimiento por los órganos de contratación en la verificación de que los pagos a subcontratistas y suministradores se llevan a cabo correctamente, y esta estrategia no incluye cuantificación de los pesos de cada medida a acometer.

El análisis de la PMcM ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media. En opinión de Cañete, si la Ley Crea y Crece empezara a funcionar se produciría una “mejora indiscutible” en la situación de los subcontratistas. Para PMcM “es imprescindible la fiscalización del cumplimiento de la Ley Crea y Crece y la estrategia nacional de contratación”.

La falta de rigor también se extiende a otros ámbitos. El 92% de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30000 euros después de octubre 2022, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago. La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado requerido, es “contraria a la ley”.

Del mismo modo, se percibe una “cierta falta de información” por parte de los encuestados en tanto a las normativas relacionadas con la morosidad.

Aunque el 62% de los encuestados asegura conocer legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y los derechos que ésta otorga a los acreedores, se da el caso de que el 81% no conoce todavía la Ley de Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022. En este sentido, la PMcM exige crear una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa, atendiendo a la importancia de su implementación.

El sector privado

En lo que se refiere al sector privado, la nueva edición del informe anual de la PMcM reveló un descenso de 5 días, situándose en 67 días frente a los 72 de 2021. Se trata de la cifra más baja de toda la serie analizada por la PMcM desde 2011. A pesar de la mejora en el sector privado, el plazo medio de pago todavía dista del establecido por la ley 15/2010, que es de 60 días para las empresas.

Dado que observamos que la liquidez de las empresas empieza a reducirse, según lo atestigua el informe del Banco de España en su análisis de la evolución de los depósitos de las entidades españolas, que detecta en enero una disminución del 1,4% en tasa interanual, “debemos aprovechar este momento, antes de que lleguen tiempos peores, para que pongan sus pagos al día, y ser más duros en la implantación de medidas contundentes para erradicar la morosidad”, dice Cañete.

Por ello, la PMcM insta a la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad “imparcial”, y de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. En ese sentido, recuerda que la Ley de modificación de la Ley 3/2004 lleva en continua prórroga desde septiembre de 2020 e incluye un régimen sancionador; debería quedar desbloqueada en este 2023. Para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.

Lo “ideal” sería que la Directiva Europea en materia de morosidad implantara un régimen sancionador en los países en los que, al igual que en España, existe un “verdadero problema estructural con la morosidad”, afirma Cañete. La PMcM se reunirá de nuevo con la Comisión Europea para continuar colaborando en el proceso de revisión de esta normativa.

Cultura de morosidad

En un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación y subida del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales, se hace necesario erradicar la morosidad, una lacra “arraigada en la cultura de nuestro país”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. En general, “no nos informamos de nuestros derechos, continúan los abusos de la posición dominante que, en cierta manera, aceptamos por miedo a perder el cliente”.

EN UN CONTEXTO DE INCREMENTO DE LA INFLACIÓN, ENCARECIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN Y SUBIDA DEL TIPO DE INTERÉS DE DEMORA EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, SE HACE NECESARIO ERRADICAR LA MOROSIDAD.

Según la nueva edición del informe de la PMcM, se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias”, denuncia Cañete.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, “esto demuestra la inutilidad de una ley que no sancione su incumplimiento”.

En tanto en cuanto al medio de pago frecuente, el confirming, el 15% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes. El 18% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 3% les obligan a descontarlo.

A pesar de todos estos abusos, el 68% de los encuestados asegura que continuaría aceptando ser proveedor de aquellas compañías incluidas en la lista oficial de grandes empresas morosas (que pagan fuera del plazo legal) que está previsto que se publique próximamente. “Si tuviéramos un sistema que funcionara correctamente no tendríamos que aceptar este tipo de injusticias”, según Cañete.

En el informe, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en 2022 en el 5%, ligeramente superior al 4,8% de 2021. Asimismo, un 65% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2023 no va a variar. Cuando son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 20% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.

Los peores pagadores

En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Central (24%). Muy cerca se encuentra la Administración Regional, con un 23%. Según los resultados del análisis, para el 79% de los proveedores de la Administración Local, y para el 78% de los proveedores de la Regional y la Central, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.

En el sector privado, para el 55% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (facturación superior a 50 millones de euros). Sobre cuánto tardan en pagarles éstas, el 75% declara que superan el plazo legal: el 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo (entre 60 y 90 días) y el 37% les paga muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 25% les paga dentro del plazo legal.