La PMcM celebra que el Reglamento de la UE introduzca por fin una de sus reivindicaciones históricas: sancionar a las empresas morosas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aplaudió el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, pronunciado en septiembre, sobre que la propuesta del nuevo Reglamento que remitirá al Parlamento para someterlo a aprobación y que será de obligado cumplimiento, prevé sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días.

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, se trata de un “hito histórico sin precedentes, por el que hemos estado trabajando de forma permanente; estamos muy orgullosos por haber contribuido significativamente con nuestras propuestas y reivindicaciones, y del que se beneficiarán millones de autónomos y pymes en toda Europa, que son los que más sufren la lacra de la morosidad”.

Según la propuesta, cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago. Entre otras, podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones in situ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción.

Las sanciones son imprescindibles

Para Cañete, las sanciones son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago. Tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación, “un régimen sancionador es el único camino para acabar definitivamente con la morosidad”. Asimismo, los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Al respecto, el presidente de la PMcM espera que vaya en línea con la decisión de la UE, que sean “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”, tal y como se describe en el Reglamento.

LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO, QUE SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PREVÉ SANCIONAR A LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MOROSAS, ADEMÁS DE FIJAR UN PLAZO DE PAGO MÁXIMO DE 30 DÍAS.

Otro de los puntos más destacados del nuevo Reglamento está relacionado con la compensación por los costes de recuperación. Cuando se devenguen intereses de demora, el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación a tanto alzado por los costes de cobro, que ascenderá a una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial. “Esta propuesta acaba con la injusticia desmedida que se producía cuando el propio acreedor debía hacerse cargo de los intereses de demora generados por el retraso en el pago por parte del deudor”, manifiesta Cañete.

Actos manifiestamente ilegales
En el Reglamento se detallan condiciones y prácticas contractuales que serán nulas y sin efecto, “es decir, ilegales”, aclara el presidente de la PMcM. Por ejemplo, fijar el plazo de pago infringiendo los plazos legales; excluir o limitar el derecho del acreedor a obtener los intereses de demora o el derecho a obtener una compensación por los costes de cobro; ampliar la duración del procedimiento de verificación o aceptación más allá del plazo establecido; y retrasar o impedir intencionadamente el momento del envío de la factura. Asimismo, queda anulado el término “abusivo” que había sido utilizado para generar confusión sobre la norma.

El nuevo Reglamento es fruto de la revisión que la Comisión Europea ha realizado de la Directiva, un hecho que en parte se ha producido por el impulso de la PMcM a tomar decisiones para reducir los plazos de pago, porque la morosidad obstaculiza la competitividad, aumenta la incertidumbre y, en el caso de la contratación pública, reduce la participación de las pymes.

A principios de julio, la PMcM, junto a Pimec, la patronal catalana de las pymes, celebraron un acto en el Consejo Económico y Social Europeo, en Bruselas, en el que se reunieron con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. A esto se suma que durante los últimos meses “hemos estado en contacto con miembros de la Comisión Europea aportando documentación y recomendaciones para dar forma a esta futura norma tan necesaria para nuestras pymes y autónomos”, explica Cañete.