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Actualidad

29 Abril 2021

Empeoran los plazos de pago

Informe Morosidad Pago Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) alerta sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y el sector privado, y el más que significativo aumento del 74% de los impagados, en la edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020”.

Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019). De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas). Se han igualado los plazos públicos y los privados, tendencia que podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AA.PP. frente a los del sector privado.

A tenor de la entidad, se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado). “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era postcovid-19 en el que nos encontramos inmersos”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el 16% de los encuestados ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, teniendo en cuenta la crisis del covid-19, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.

LA PMCM DENUNCIA EL EMPEORAMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y AUGURA UNA SITUACIÓN SIN PRECEDENTES SI NO SE REMEDIA CON LA IMPLANTACIÓN DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR.

Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis del covid-19 ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, habrá graves consecuencias para el tejido empresarial”. Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reduciría su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% la rebajaría entre un 20% y un 40%.

Según el informe, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,4%, lo que significa un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%.

Grandes empresas, peores pagadoras

La mitad (50%) de los encuestados aseguran que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño, para la mitad de los encuestados (50%), el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). El 81% de los encuestados declara que estas superan el plazo legal: el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (entre 60 y 90 días), y el 45% señala que les pagan muy por encima (más de 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Además del empeoramiento de los plazos de pago, se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días de la Ley 3/2004. A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.

El presidente Cañete, ante estas cifras y en la era covid, urge a los grupos políticos a implantar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.