Lucha contra la Morosidad.

La Federación de Áridos (FdA) se ha incorporado a la Junta Directiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que preside Antoni Cañete, quien fue reelegido en la nueva Junta Directiva formada tras la celebración de su última Asamblea General Extraordinaria el pasado mes de octubre.

La nueva composición, que fue aprobada por unanimidad, cubrirá el mandato desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2025. La etapa entrante centrará su labor en un triple objetivo: lograr la consecución del régimen sancionador, del Observatorio de la Morosidad y la limitación de fondos europeos a aquellas empresas que no cumplan la Ley de Lucha contra la Morosidad.

La nueva Junta Directiva está formada por ocho entidades integrantes: presidente: Antoni Cañete (Pimec); vicepresidentes: Francesc Acín (AFME), Andrés Sabater (Fenie) y Julio Villaescusa (Fenadismer); tesorero: César Luaces (Federación de Áridos); secretario: Alejandro Saenger (Facel); vocales: Enrique Sáez (UAHE), Rafael Arruga (Aefimil) y Andrés Carasso (AFME).

Este cambio supone “una inyección de ilusión y profesionalidad en la lucha contra la lacra de la morosidad y una representación más diversa de sectores económicos”, afirmó Cañete. En conjunto, el equipo engloba la experiencia de varios socios fundadores y miembros de la Junta Directiva anterior. Las nuevas incorporaciones como la FdA suman una gran experiencia en lucha contra la morosidad.

Durante la asamblea general extraordinaria, además de aprobarse la creación de la nueva junta directiva, se analizó el Anteproyecto de Ley “Crea y Crece” (que en opinión de la PMcM presenta muchas carencias), y que en ningún caso debería suplir a la instauración de un régimen sancionador, que supondría el punto de inflexión para acabar con los retrasos en los pagos a proveedores.

Asimismo, la PMcM constató su continua labor para hacer cumplir el compromiso público de los grupos parlamentarios y el Gobierno para erradicar la morosidad. En esta línea, informó sobre sus múltiples reuniones tanto con la Comisión Europea como con diversos departamentos gubernamentales de nuestro país.

«LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VA A PERMITIR TRAZABILIDAD, PERO ES INSUFICIENTE, PORQUE SI CUANDO PAGAS MAL NO TE PASA NADA, CONTINUARÁS PAGANDO MAL, PORQUE ES LO QUE VIENE SUCEDIENDO CONTINUAMENTE»

Ley Crece y Crea

Al hilo de la reciente aprobación del proyecto de Ley Crea y Crece, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), consideran que la ley va en la buena dirección y es una condición necesaria, pero no suficiente. La normativa debe mejorarse en el trámite parlamentario. Por ejemplo, tendría que exigirse una comprobación fehaciente de que las empresas (para que reciban el dinero público) cumplen la ley de morosidad, esto es, que no sea solo porque presenten una declaración responsable, porque esto, para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, la haría insuficiente.

Por otra parte, la facturación electrónica va a permitir trazabilidad (aspecto muy importante), pero es insuficiente, porque si cuando pagas mal no te pasa nada, continuarás pagando mal, porque es lo que viene sucediendo continuamente. La morosidad es uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes. Para que la ley sea eficaz y eficiente debería implementarse un régimen de sanción de incumplimiento.

En la PMcM lamentan profundamente que ya ha pasado más de un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la ley presentada con anterioridad, pero lo único que ha ocurrido ha sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, más de 40. Situación injustificable después de que fue aprobada como acuerdo en la Comisión de Reconstrucción y tomada en consideración por todos los grupos parlamentarios.

Previsiones

La no solución de la morosidad nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada y sobre la que incide sobremanera la morosidad. En el último análisis de las empresas del Ibex la PMcM constató que el plazo medio de pago era de 191 días, frente a los 60 legales (más que triplicándolos). En cuanto a las AA.PP., en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda los ayuntamientos pagan a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. La ratio de las operaciones pendientes de pago del conjunto de los ayuntamientos a septiembre superaba los 142 días.

Desde la PMcM, argumentan en numerosas ocasiones que combatir la morosidad salva empresas. En la actualidad, medio millón de empresas está en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos. Atendiendo al último estudio, el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020” (elaborado a finales de 2020 a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas), el 16% de los encuestados vieron claramente que los plazos en los que estaban cobrando no permitían la viabilidad de sus negocios, y el 48% creía que sus plazos de cobro continuarían empeorando durante 2021. Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reduciría su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40 por ciento.

«QUIEN LIDERE EL OBSERVATORIO DE LA MOROSIDAD DEL ESTADO DEBE SER ABSOLUTAMENTE OBJETIVO Y CONOCER BIEN LA REALIDAD DE ESTA LACRA, QUE AFECTA PRINCIPALMENTE A PYMES Y AUTÓNOMOS ANTE LA POSICIÓN DOMINANTE DE LAS GRANDES EMPRESAS Y COMPAÑÍAS DE MAYOR DIMENSIÓN».

No salir de este bucle de impagos a proveedores de forma inminente podría llevar a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial, con la consecuente desaparición de empresas. El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera, más si cabe en empresas que tienen liquidez. Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 ) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.

Cepyme protege a los grandes

Por otra parte, la PMcM ha argumentado en diciembre que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) no protege a las pymes con voz propia, sino a los intereses de las grandes compañías, al haber calificado de “desproporcionado” que se prohíba a las empresas morosas acceder a subvenciones públicas, tal y como ha denunciado en un comunicado y en las mesas de diálogo y representación.

En general, los mayores morosos –que muchas veces actúan con posición de dominio– son las grandes empresas y, los perjudicados, las pymes. Este hecho se constata tanto en los informes del Ministerio de Economía como en los de la Comisión Europea, de la PMcM y de la propia Cepyme. Por tanto, “Cepyme está defendiendo los intereses de las grandes empresas morosas, pretendiendo premiar el incumplimiento de la ley aportando fondos públicos y ayudas europeas a las empresas que violan la ley de morosidad; todos presuponíamos que entre sus principios no estaría promover el incumplimiento de la ley...”, explica Antoni Cañete, presidente de la PMcM.

En su opinión, este hecho pone en cuestión la objetividad de las peticiones y propuestas de Cepyme, y compromete la honestidad de sus informes y, por ende, de su Observatorio de la Morosidad, creado de forma “muy oportuna al hilo del anuncio de que la Ley Crea y Crece promoverá uno”. Para Cañete, “quien lidere el Observatorio de la Morosidad del Estado debe ser absolutamente objetivo y conocer bien la realidad de esta lacra, que afecta principalmente a pymes y autónomos ante la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión, principalmente”.

En el último análisis de las empresas del Ibex, ya mencionado antes, la PMcM constató que el plazo medio de pago lo incumplían hasta los ayuntamientos.