Las pymes proponen al Congreso inyectar al sistema 150000 millones de euros sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.

El secretario general de Pimec, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y vicepresidente y portavoz de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, compareció en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de junio en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, formada a raíz de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Cañete fue uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte del grupo de trabajo Reactivación Económica de esta Comisión, que tiene como objetivo proponer medidas de impulso en el escenario postcovid-19 en los diferentes ámbitos productivos.

Durante su intervención, Cañete lamentó las duras consecuencias de la crisis del Covid-19 para el tejido de pymes y autónomos, “un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana”, según datos de Pimec. En este sentido, destacó la pyme como factor clave y estratégico para la reconstrucción del país y pidió que “cuiden y salven a los que pagan impuestos; sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. Cañete hizo una propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real.

ANTONI CAÑETE PIDIÓ EN EL CONGRESO QUE «CUIDEN Y SALVEN A LOS QUE PAGAN IMPUESTOS. SIN ELLOS SERÁ IMPOSIBLE FINANCIAR LA SANIDAD, LA EDUCACIÓN Y LAS POLÍTICAS SOCIALES».

Basándose en el primer eje, Cañete propuso un Pacto de Estado para la FP: “La Formación Profesional es posiblemente el elemento de competitividad más importante de un país”, y recordó que “la FP se basa en la oferta de los centros educativos, pero lo adecuado sería basarse en la demanda del sistema productivo, y por tanto pedimos que se reconozca el papel formativo de la empresa”.

La morosidad

Otro factor fundamental que lastra las pymes es la morosidad. “Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos Ico, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”, lamentó Cañete. En este sentido, propuso diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país: que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122000 millones pendientes de pago a sus proveedores; que los ayuntamientos liberen los 12000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del Iva y solo se ingrese el Iva cobrado; que se devuelva de manera inmediata el Iva a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.

En esta línea, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad remarcó que “poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país”, y por tanto pidió una vez más que “aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador”.

Antoni Cañete también manifestó que “en el modelo hacia el que debe transitar una España reconstruida, las pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen”. Finalmente, requirió “generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales”.

Enmiendas al estado de alarma

Antoni Cañete entregó a los diferentes grupos parlamentarios un documento que recoge las propuestas de enmiendas de Pimec a los diferentes Reales Decreto- Ley que se han aprobado durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que todos se encuentran en trámite en el Congreso de los Diputados.

Las propuestas de la patronal incluyen aspectos como la mejora de las prestaciones para empresarios autónomos, modificación de permiso retribuido recuperable, restitución de los fondos de formación profesional, incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del Covid-19, flexibilización de los Erte por fuerza mayor, desgravación fiscal de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del Iva de los sectores más afectados por el confinamiento.