La PMcM denuncia a las grandes empresas y exige acción inmediata a Europa.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), con el objetivo de visibilizar las prácticas abusivas en materia de pagos por parte de las grandes empresas cotizadas, ha elaborado un análisis de sus correspondientes informes anuales, del que se desprende que muchas compañías informan de forma insuficiente sobre pagos a proveedores en sus memorias anuales, a pesar de que el nuevo Reglamento Europeo 2024/1317 les obliga a detallar mecanismos como el confirming, los aplazamientos o la cesión de cobro.

Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “el confirming no puede seguir utilizándose como un artificio contable para simular pagos ya efectuados. La normativa europea es clara: las empresas deben detallar las condiciones de estos acuerdos, ya que afectan a la liquidez y al riesgo financiero. La transparencia no es opcional”. Por ello, la PMcM remitirá las conclusiones de su análisis a diversos organismos para que tomen medidas urgentes, entre ellos a la Comisión Europea, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Asociación Española de Auditores y Economistas y a los responsables de compliance de diversas grandes compañías, incluidos los de las auditoras.

A tenor del análisis de la PMcM, la comparación de informes anuales de grandes compañías de sectores como la construcción, las telecomunicaciones y los servicios revela una gran diferencia en la contabilidad y en el nivel de detalle sobre los acuerdos de confirming. Mientras algunas empresas son claras respecto a sus mecanismos, otras omiten cualquier referencia, lo que impide determinar si carecen de estos instrumentos o simplemente no los revelan.

El problema principal reside en que la falta de uniformidad impide comparar la situación financiera entre compañías. Esta opacidad complica conocer la cantidad del endeudamiento, los plazos de pago a proveedores y el impacto en la liquidez del confirming. Además, puede ocultar riesgos financieros relevantes para auditores, inversores y supervisores.

Todo ello ocurre en un contexto en el que los plazos de pago siguen incumpliéndose de forma generalizada. Según datos del Banco de España, durante el segundo semestre de 2024, el plazo medio de pago entre empresas cotizadas se situó en 136 días. Algunos sectores, como “Información y comunicaciones” y “Resto”, registraron cifras preocupantes de 252 y 309 días, respectivamente, muy por encima del límite legal de 60 días. Según el presidente de la PMcM, “esta situación impacta directamente en la liquidez de las pymes, reduce su capacidad de inversión y las hace más susceptibles frente a cualquier crisis económica”.

Por su parte, el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024”, elaborado por la PMcM, señala que un 61% de los proveedores sufrió retrasos superiores a lo permitido y, pese a ello, la gran mayoría no reclamó los recargos legales.

Exigencia de acción inmediata
Ante los resultados obtenidos en el análisis, la PMcM insta al Icac a que aclare cómo deben computarse estos acuerdos en el Periodo Medio de Pago a Proveedores. El presidente de Cañete subraya, además, que “sin controles más estrictos y sanciones efectivas seguirá existiendo opacidad en torno al confirming”. Por último, plantea que la información sobre plazos y formas de pago se incorpore directamente a la facturación electrónica remitida a Hacienda, “lo que permitiría un seguimiento real de los pagos”.

En cuanto a los retrasos en los plazos de pago que se producen en la cadena de subcontratación, la PMcM recuerda que una solución para evitar este tipo de abusos pasa por que la Administración Pública pague directamente a los subcontratistas, como ya lo está haciendo la Generalitat de forma pionera en España.

Esta acción, reivindicada por la PMcM desde sus inicios, busca evitar los retrasos que imponen los contratistas principales y asegurar que el dinero llegue directamente a quienes ejecutan los trabajos. Según el último informe de morosidad de la PMcM, los subcontratistas cobran con una media de 88 días, incumpliendo ampliamente los plazos legales. En este sentido, Cañete considera que esta medida debería extenderse al conjunto de las administraciones públicas en España y servir de ejemplo a nivel europeo. “Es una herramienta eficaz para reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas más vulnerables”.

El confirming bajo la lupa europea
El Reglamento 2024/1317, que modifica las NIIF 7 y NIC 7, ha sido un hito en transparencia financiera al obligar a revelar de forma explícita las condiciones de los contratos de confirming: importes, plazos, garantías y documentos descontados por proveedores.

Tanto la jurisprudencia española como la europea han puesto límites. El Tribunal de Justicia de la UE determinó, sobre un caso de Polonia, que una cláusula de pago superior a 60 días no cumple la Directiva 2011/7 a menos que quede claro que ambas partes acordaron expresamente ese plazo. Por su parte, el Tribunal Supremo en España ha declarado nulos los pactos que establecen plazos de pago superiores a los 60 días previstos en la Ley 3/2004 (90 días en casos excepcionales de verificación).

Sin embargo, Cañete alerta: “En España aún persiste la disparidad en la aplicación de estas obligaciones”, y reclama “una acción coordinada entre reguladores, supervisores, auditores y empresas para asegurar el cumplimiento efectivo”.

Paralelamente, el presidente de la PMcM confía en que próximamente se tramite el nuevo reglamento europeo contra la morosidad de tal manera que sea “un instrumento efectivo para disminuir la morosidad, fortalecer la liquidez de las empresas más frágiles y favorecer un mayor y más robusto crecimiento de la economía española”.