La PMcM denuncia prácticas irregulares en los pagos de las Administraciones Públicas a sus proveedores.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de empresas, con una cifra de negocio de 150000 millones de euros y dan empleo a 4,5 millones de trabajadores y autónomos, afirma que hay importantes diferencias entre los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas procedentes del Ministerio de Hacienda y los obtenidos por entidades especializadas en morosidad. Así lo constata la PMcM, que apunta a “posibles prácticas realizadas por las AA.PP. fuera de toda legalidad”.

En su último informe, el Ministerio indica que las Comunidades Autónomas pagaron, en marzo de este año, con un plazo medio de 22 días, una cifra similar a la reportada periódicamente y dentro del límite legal de 30 días. Sin embargo, el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024, elaborado por la PMcM, revela que el 78% de los proveedores de la Administración Regional asegura haber sufrido plazos de pago superiores al legalmente establecido. Según la PMcM, nunca han registrado plazos de pago dentro de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas.

“Somos conscientes de que los datos no tienen por qué coincidir, ya que nuestras muestras son más pequeñas y los gobiernos disponen de información completa. Es normal que existan ciertas diferencias debido al tamaño y origen de las muestras. Sin embargo, la discrepancia entre ambos resultados es significativa, y no sólo lo hemos detectado desde la PMcM, sino que también ha sido confirmada por el Observatorio de Pagos de la UE”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Ante estos resultados tan dispares, la PMcM ha llevado a cabo un análisis para identificar el origen del desfase entre los datos oficiales del Ministerio y los obtenidos por su propia entidad y otras como Intrum. Antoni Cañete lo atribuye a “posibles irregularidades cometidas antes del registro oficial de las facturas, lo que perjudica directamente a los proveedores. Se han detectado prácticas para retrasar intencionadamente dicho registro, de forma que el tiempo previo no compute legalmente y, por tanto, los plazos de pago puedan extenderse sin infringir la ley”.

La brecha en los datos también ha sido detectada por el Observatorio de Pagos de la UE, que en su Informe Anual 2024, constata que la información proporcionada por las AA.PP. españolas no coincide con la recogida por entidades especializadas, como la PMcM e Intrum, cuyos resultados sí presentan coherencia entre sí.

EL RETRASO EN EL REGISTRO DE FACTURAS O LA REEMISIÓN DE DOCUMENTOS CON ERRORES PODRÍA ESTAR PROVOCANDO UNA AMPLIACIÓN DE LOS TIEMPOS SIN VULNERAR FORMALMENTE LA NORMATIVA, CON UN IMPACTO NEGATIVO PARA LAS EMPRESAS PROVEEDORAS.

Según Cañete, una posible explicación adicional se encuentra en “determinadas malas praxis recientemente detectadas, como la del Ayuntamiento de Lugo, que, presuntamente, retrasó de manera intencionada la inscripción de facturas en el registro, haciendo que el plazo de pago comenzara a contar mucho después de lo que legalmente correspondería”.

Este tipo de prácticas, calificado por la PMcM como pago desleal, altera significativamente los tiempos de pago sin que queden reflejados en los registros oficiales. “Si este modus operandi se repite en otras administraciones, estamos ante un problema de gran envergadura. Es urgente poner fin a estas prácticas, ya que todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir la ley”, advierte Cañete, quien también solicita “la implementación de modificaciones en el sistema de facturación electrónica (FACe) que impidan repetir este tipo de acciones”.

Tanto la PMcM como el Observatorio de Pagos de la UE señalan otro posible factor que explica la divergencia de datos: la constante reemisión de facturas debido a errores. Como el cómputo del plazo de pago (el dies a quo) comienza con la emisión definitiva de la factura, este procedimiento reinicia el conteo cada vez que se remite una nueva versión. “Con esta artimaña se consigue alargar los plazos de pago sin consecuencias legales, ya que el periodo anterior a la emisión definitiva no se considera”.

Ante estas sospechas, la PMcM insta a las autoridades competentes a que “investiguen estas prácticas y actúen con la mayor celeridad posible, ya que de ello depende, en gran medida, la viabilidad y competitividad de nuestras empresas”.