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Actualidad

01 Septiembre 2021

El caso Castor

José María Pozas

Los links que se relacionan en el recuadro central, ordenados por riguroso orden de aparición en escena, son la reseña de los diferentes artículos que hemos compartido con ustedes para tratar exclusivamente acerca del Castor. Como pueden ver nos remontamos hasta mayo de 2016, cuando el proyecto habíase ya acabado.

Pueden ustedes releerlos o, si lo prefieren, podemos hacer un sucinto resumen de todos y cada uno de ellos con la única intención de ponernos al día. Así, en el de mayo de 2016, se relata cómo se lleva a efecto la construcción del artilugio que podemos ver frente a la costa norte de la provincia de Castellón, y cómo el Estado (el papá Estado si quieren) se carga ineludiblemente con un muerto de cuatro mil setecientos y pico millones de euros por una operación cuyo coste inicial era de unos seiscientos; es decir, entre todos nosotros estamos pagando, vía presupuestos y precio del gas, esa demasía de cuatro mil millones de euros en el exclusivo beneficio de una constructora y de unas entidades bancarias que han mediado en la operación.

En el del mes siguiente, junio de 2016, se menciona la siguiente cuenta a pagar, consistente en el mantenimiento del Castor en su punto de anclaje, mantenimiento que no sabemos a cuánto ascenderá, ni el coste final de su desmontaje que será seguramente aún mayor. Pero tampoco debemos preocuparnos, las empresas privadas se beneficiarán de ello y los bancos financiarán la operación con pingües beneficios; para pagarlo todo ya estamos los españoles.

En el artículo del mes de mayo de 2017 dejábamos constancia del informe del Massachusetts Institut of Technology estableciendo una nítida correlación entre las inyecciones de gas en el Castor y los temblores registrados en la costa –léase en Vinarós, Benicarló y Peñíscola–, aunque afortunadamente sin daños ni coste en vidas humanas. El informe valorado en seiscientos mil dólares, no discernía si fuera mejor sacar el gas, por el riesgo de que la pérdida de presión en el subsuelo provocara más temblores; esto no se ha decidido aún, falta encontrar quién se moje en tal vaticinio, ergo los costes de mantenimiento continúan acumulándose.

El siguiente link, de septiembre del 2018, del diario independiente Público, da cuenta de una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, y los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro (Escal UGS) por un delito de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Como es de suponer esa querella en una Administración de Justicia como la española tendrá una andanza lenta hasta decir basta.

Finalmente, en el último link del 18 de septiembre de 2018, titulado Siempre el Castor, hacemos mención a la intervención administrativa en este proceso de la actual Vicepresidenta Tercera y Ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático; nada de lo acaecido y conocido desde esa fecha nos ha inducido a cambiar la idea exculpatoria sobre ella en este proceso.

ENLACES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

Y por añadir lo último publicado, el periódico La Información dedicaba el día 21 de junio un extenso y documentado artículo que arranca el 5 de junio de 2008, fecha en la que se publicó en el BOE la concesión de explotación (nunca mejor bautizada) de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Se centra en los daños que esa explotación ha originado en las poblaciones limítrofes de dos comunidades autónomas. Alcanar, en la provincia de Tarragona, con unos 10000 habitantes, Vinaroz, ya en Castellón, con casi 30000, Benicarló con algo menos, y finalmente Peñíscola con otros 8000 habitantes, constituyen una conurbación de casi 80000 personas en un tramo de costa de escasamente 25 kilómetros; industria, agricultura en una huerta feraz en la que el regadío viene de la época mora, comercio y turismo dan asiento y prosperidad a la comarca. Pero según La Información ha habido un sector claramente perjudicado con la instalación del Castor: la pesca. Su empleo se ha reducido a un 35% o 40% de lo que era antes. Unas fuentes se refieren al tubo sumergido que transportaba el gas hasta la planta de tierra; el tubo una vez soldado se cubría con rocas para su protección; ahora esa formación supone un inconveniente para la pesca de arrastre, que, dicho sea de paso, es productiva para el pescador pero puede ser dañina para la conservación de las especies. Otros dicen que si se cruza ese tubo se puede romper el arte de pesca, y hay quien señala que el número de peces ha disminuido porque la plataforma desprende luz y hace “que el pescado no se acerque a esa zona”. En definitiva, las embarcaciones que formaban las flotas de los distintos puertos señalados han bajado de un total de 78 unidades a una cifra de unos 40 actuales.

Visto lo acaecido nos podemos preguntar: ¿cuál será la siguiente novedad en esta larga historia? Y sobre todo: ¿a cuanto ascenderá finalmente la factura? Porque dudas sobre quien la va a pagar, yo no tengo ninguna.

José María Pozas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


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