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Unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 –eso sí fue tal cosa, a ver si nos enteramos–, un joven almeriense que trabajaba en Santander recibió el aviso familiar de que un hermano suyo haría la primera comunión; entretanto este hombre, Juan Mañas, había trabado amistad con Luis Montero, un salmantino que también trabajaba en la ciudad, y con Luis Cobo Mier, montañés de pura cepa como sus apellidos indican. Estos pensaron acompañarle en el desplazamiento y aprovechar así la oportunidad para conocer la provincia andaluza. A ello se dispusieron poniéndose en marcha el 7 de mayo en el coche de Cobo, pernoctando en Madrid y reanudando su viaje a la mañana siguiente, pero con tan mala fortuna que hubieron de detenerse por problemas mecánicos y alquilar un coche en Manzanares con el que continuaron su viaje hasta Pechina, pueblo de origen de Juan Mañas.
El 7 de mayo la banda terrorista ETA llevó a cabo un atentado en Madrid en el que resultó malherido el General Valenzuela, Jefe de la Casa Militar del Rey, y muertos los tres militares que le acompañaban. El comando estaba compuesto por tres integrantes, y alguien, que vio los movimientos de aquellos tres jóvenes en tierras manchegas, los confundió con los terroristas y dio parte a la Guardia Civil.
Los jóvenes durmieron la noche del día 8 en el domicilio familiar de los Mañas, y dedicaron el día 9 a visitar la provincia, como tenían pensado.
La Guardia Civil se puso en marcha y ese mismo día, el 9 de mayo les detuvo en Roquetas en una tienda de “souvenirs”, hacia las nueve de la noche, sin que ellos ofrecieran la más mínima resistencia. La prensa del día 11 se hizo eco de la captura del comando del atentado de Madrid, detallando que los tres perdieron la vida cuando las fuerzas que les conducían hacia Madrid hubieron de dispararles en su intento de fuga y defendiéndose de ellos...
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas.
El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, en todo momento intentó que fueran condenados por asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los hechos, y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas por los forenses. Fue constantemente acuciado y los intentos de intimidación por parte de miembros de la Benemérita fueron variados, “incluida una bomba bajo su coche: Darío tuvo que esconderse en una cueva”, recuerda Lola Liquete Cobo, sobrina de Luis Cobo.
Años después, el teniente coronel Victoriano Guillén, quien se opuso con contundencia al golpe de Estado del 23F y fue castigado por ello, explicó ante las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación: “La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y que habían atentado contra el general Valenzuela. Castillo Quero, el teniente coronel al frente del operativo, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse medallas”.
El Parlamento de Cantabria ha homenajeado el jueves 10 de mayo de 2018, al cumplirse los 37 años del brutal asesinato, en presencia de familiares y de todos los grupos políticos (PP, Psoe, Ciudadanos, Prc y Podemos, que han aprobado el texto), a las víctimas de esta historia.
En el acto promovido por el colectivo Desmemoriados se ha instado al Gobierno de España a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección” que corresponde a esta condición.
Episodios como el descrito jalonaron el período que se conoce como “la transición española”, desde 1978 cuando se aprueba la Constitución; la etérea presencia de la dictadura franquista ha impregnado –y sigue haciéndolo– el devenir de la sociedad española, entre la mirada impasible de media España y el silencio cómplice de la otra media. El sufrimiento y la desventura los pusieron unos españoles, en tanto que otros, como los verdugos de este caso, cumplieron la mitad de sus condenas en confortables instalaciones militares recibiendo, además, ilegales fondos públicos.
José María Pozas |
