Según un comunicado de las asociaciones integradas en Gremios: Aseamac, Afeci, Aspreco, Altap, Acies, Arpho, Aeded, Anedi, etc., el pasado 1 de marzo se aprobó el real decreto ley de medidas excepcionales para la revisión de precios, titulado: «Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras». Ante esto, las asociaciones consideran necesario que las empresas sean rentables, que repercutan los incrementos en sus costes a sus clientes para poder seguir funcionando.

Consecuencias de la pandemia
La pandemia del Covid-19 no ha terminado, pero esperamos que vaya perdiendo protagonismo a medida que se normalice la situación. Y también que antes del verano se vayan retirando de forma paulatina muchas de las restricciones (confinamientos, mascarillas, aforos), como en otros países.

Previsiblemente, el covid no terminará, sino que se convertirá en parte de nuestra vida como lo son otras situaciones epidemiológicas más o menos graves (gripe común, gripe A, sida, ébola...). Sin embargo, todavía no sabemos cuál será el alcance real de esta pandemia en términos operativos para las empresas.

Como acto reflejo de la pandemia, muchos sectores y actividades económicas se pararon en seco (transporte marítimo, industrias productivas, hoteles, turismo...) y volver a equilibrar la balanza será complicado, hasta que oferta y demanda se consoliden con cierta regularidad.

Inestabilidad del transporte

El transporte, en todas sus formas (marítimo, terrestre y aéreo) sufrió importantes cambios en estos dos últimos años, y la paulatina reactivación de la economía, a la que se ha sumado la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha generado tensiones muy importantes.

Esto ha dado lugar a unos incrementos de costes escalofriantes en transporte marítimo, un incremento de uso del transporte aéreo (cuyos costes también han aumentado) y una rotura en el mercado terrestre, que suma a la falta de conductores un incremento significativo en el coste del combustible.

Otro factor muy importante es la explosión del transporte de última milla. Con el aumento general del comercio electrónico que ha generado la pandemia, se necesita una ingente cantidad de transportistas de cercanía, que aún ganando menos prefieren esto a las largas jornadas de viaje fuera de su casa.

Hay más elementos, como la falta de disponibilidad de contenedores, el atasco de muchos puertos de carga y, el más reciente de todos, el bloqueo de la flota de transporte aéreo de Ucrania, una de las más importantes de Europa, y las repercusiones al transporte marítimo derivadas de las sanciones a Rusia.

En un mundo conectado como el actual, en el que el número de almacenes se había reducido y centralizado, lo normal era trabajar con un modelo de "just in time". Lo necesito, lo pido y lo tengo de inmediato a un coste muy controlado.

Pero la inestabilidad general del transporte está fomentando un cambio hacia el modelo del "Just in case". Voy a pedir y tener un stock mínimo, por si acaso. Estos elementos, y algunos otros que no mencionamos, han generado un caldo de cultivo para que el transporte y la logística estén muy tensionados, con unos significativos incrementos de costes.

Complejidad del mercado laboral

Si ya antes de la pandemia veníamos sufriendo la falta de personal y la dificultad para contratar a nuevas generaciones, tras dos años especialmente complicados, la situación del mercado laboral es tremendamente compleja.

En esto, de nuevo, se unen múltiples factores, no exclusivos de España, aunque algunos son muy característicos de nuestro país. Desgraciadamente, hay una falta de interés general por trabajos en los que es necesario mancharse las manos: en un taller, en una obra, en el campo, en un restaurante... Esto es un problema generalizado en todo el mundo desarrollado, pero mucho más acentuado en Europa occidental y Estados Unidos.

A pesar de incrementos salariales muy superiores al incremento del IPC o a los negociados en convenios, de condiciones de trabajo mejoradas y de un significativo esfuerzo de las empresas en materia de formación (que evidencian el fallo de la formación profesional especializada), es muy complicado y costoso mantener una plantilla en la que hay trabajadores de obra, mecánicos...

Según los especialistas en proyecciones a futuro, el factor más limitante para el crecimiento de las empresas en los próximos años, y especialmente para aquellas que emplean de forma general a este tipo de perfiles, será su capacidad para atraer y retener al personal.

Esto también sucede con personal de oficinas, técnicos y mandos intermedios, pero es grave con las personas que se manchan las manos haciendo su trabajo. Es un hecho objetivo comunicado por los medios a todos los niveles. Y en España, con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la Unión Europea, es especialmente grave que no seamos capaces de contratar jóvenes para que se incorporen al mercado laboral. Esta situación genera tensiones entre las empresas, buscando personal donde sea, y generando un incremento de costes para contratar o retener al personal adecuado.

Gastos financieros crecientes

Hoy, casi todos los bancos están empezando a cobrar por saldos disponibles. Por tener dinero en la cuenta. Los bajos tipos de interés, la vuelta al inmobiliario como valor refugio, la liquidez complementaria ofrecida por los gobiernos como plan de contingencia ante la pandemia, y otros factores financieros, han hecho que los bancos incrementen los gastos financieros en la operativa diaria de las empresas para mantener sus márgenes.

En el caso de España, es especialmente grave la popularización de ciertos tipos de confirming, que además de incrementar los gastos financieros de las empresas, en muchos casos incrementan su riesgo. A esto se suma que el incremento de la demanda, en lo que se espera que sea una etapa económica positiva, está volviendo a incrementar los plazos de pago medios al no haber un reglamento sancionador que penalice los retrasos en las fechas de pago. Al incrementarse los plazos de pago y bajar el riesgo comercial que asumen las aseguradoras, las empresas deben financiarse con recursos propios o externos y durante plazos más largos. Esto, de nuevo, genera más costes.

Demanda creciente

No todo son malas noticias. De hecho, muchos de los puntos indicados anteriormente se explican debido al incremento de la demanda general. La mayor parte de los sectores están recuperando el ritmo económico rápidamente, algunos incluso con un desarrollo mayor al previsto hace años.

A nivel privado, en estos dos años de pandemia se han generado unos niveles de ahorro muy altos, que hacen que las familias tengan más liquidez de lo habitual. A esto se suma los fuertes estímulos económicos que han puesto en marcha los gobiernos, especialmente en la Unión Europea, que llegan paulatinamente al mercado.

Todo ello genera una demanda creciente a todos los niveles, desde el inmobiliario, la actividad de las industrias productivas, el turismo... En general, en estos momentos la demanda es muy alta, tanto de empresas, como de trabajadores y productos. En no pocos sectores, la demanda es incluso superior a la oferta. Según la ley básica de oferta y demanda, el incremento de la demanda debería conducir al encarecimiento de la oferta. Y aquí es donde se está produciendo una situación anómala y excepcional.

Incrementos de costes y precios

De forma general, los costes directos e indirectos de las empresas se han visto incrementados de forma significativa en los últimos meses. Es una combinación de muchos factores. Además de los expuestos antes de personal, transportes y financieros, se suman otros igualmente importantes como el incremento del coste de las energías (tanto de la electricidad como de los combustibles), el desajuste en los stocks de materias primas o productos transformados, el incremento de precios de toda la cadena de valor...

Esto ha generado una elevada inflación, inesperada y poco habitual en Europa en los últimos años. A nadie nos gusta que suban los precios de los alimentos, del combustible, de la electricidad o de muchos otros productos o servicios que forman parte de nuestra vida.

EN ESPAÑA, CON UNA DE LAS TASAS DE DESEMPLEO JUVENIL MÁS ALTAS DE LA UE, ES ESPECIALMENTE GRAVE QUE NO SEAMOS CAPACES DE CONTRATAR JÓVENES PARA QUE SE INCORPOREN AL MERCADO LABORAL.

Pero no tenemos más opción que aceptar los incrementos y reorganizar la economía familiar. Sin embargo, en las relaciones entre empresas, los incrementos de costes no son tan fáciles de repercutir, porque los contratos ya firmados o una parte de la cadena de valor no acepta o está dispuesta a asumir parte de los incrementos. Desde hace unos meses se están produciendo fuertes tensiones puesto que el cliente final, público o privado, tiene que estar dispuesto a renegociar los contratos existentes o los nuevos pedidos. El incremento de costes y precios es algo generalizado en todos los sectores y actividades económicas.

Por el bien de todos, es necesario que las empresas repercutan los incrementos en sus costes a sus clientes y mantengan sus márgenes operativos. Las empresas deben ser rentables, de lo contrario se verán abocadas al despido de su personal y al cese de sus operaciones. A pesar de que las directrices de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia son que en las organizaciones empresariales se limite cualquier debate sobre las condiciones de mercado, nos encontramos ante una situación absolutamente excepcional. La patronales de sectores tan importantes como la construcción o el metal están lanzando el mensaje público de que deben revisarse los precios de los contratos. Si las empresas no pueden incrementar sus precios (por miedo a la situación actual, por las dificultades de la negociación, por malas prácticas de algunos agentes...) se va a generar graves problemas en la cadena de valor.

Todas las empresas tienen que hacer un esfuerzo permanente, hoy más que nunca, por conocer sus costes, saber su nivel de rentabilidad en cada contrato o tipo de operación, y repercutir a sus clientes cualquier incremento necesario.

Precisamente por ello, se ha publicado el citado Real Decreto Ley, que es un llamamiento a la necesidad de que cada empresario o directivo de empresa comunique este mensaje a su entorno. La revisión de precios no solo es para el contratista principal, es para toda la cadena de valor, subcontratistas, suministradores y fabricantes incluidos. No se puede subir los salarios si no se incrementan los ingresos. No se puede mantener la rentabilidad de la empresa si los costes aumentan, pero los márgenes operativos decrecen. Es necesario ajustar los precios a la situación actual. Y es necesario hablar abiertamente, de forma natural y honesta, con clientes, proveedores y competencia sobre este asunto. No se trata de condicionar el mercado, sino de que pueda seguir funcionando.

La situación en los gremios

En los últimos meses, en diversos gremios y sectores se está viviendo un incremento significativo de los costes directos de personal, combustibles y energía, entre otros. De forma paralela, el coste de las materias primas para reponer los equipos que suministramos se ha disparado, e incluso nos encontramos con falta de disponibilidad de ciertos productos clave, lo que afecta a nuestra capacidad de suministro.

Las empresas sabrán cuándo declinar un pedido. Nos preocupa las que escojan el camino fácil, que para mantener sus márgenes sacrifiquen la seguridad de los trabajadores, o que las calidades o especificaciones no sean las solicitadas por el cliente o necesarias para el proyecto.